Mérida, 03 Nov. AVN.- En la zona fronteriza de La Guajira, es fácil observar como las normas de control establecidas entre Venezuela y Colombia se diluyen en el hábito arraigado del contrabando, atizado y potenciado por carencias sociales propias de una frontera donde confluyen todos los vicios del capital.
En la zona norte de Maracaibo, capital del estado Zulia, un desvencijado vehículo con treinta años de antigüedad, pero dotado con aire acondicionado, cobra 500 bolívares por persona hasta Maicao, capital del departamento La Guajira, Colombia.
Tras una hora de recorrido, el conductor estaciona junto a una choza contigua a la carretera. Dos mujeres y dos niños se acercan al vehículo, y con la pericia que da la práctica diaria, concretan su tarea en unos cinco minutos: equipan con combustible el vasto tanque del carro que al abrir el maletero exhibe dimensiones que saltan a la vista.
A una distancia de 300 metros de esta escena hay dos agentes policiales. La venta de combustible en casas de familia de la zona es totalmente cotidiana.
En el municipio La Guajira la pobreza extrema es aprovechada por las mafias de contrabando. Más de 17 mil familias viven en precarias condiciones. Padecen de deficiencias en servicios como agua potable y recolección de aguas servidas. Además carecen de empleos formales y medios de producción.
Para finales de 2013 y principios de 2014 había un estimado de 20 mil familias que requerían de atención alimentaria, de acuerdo con un censo realizado por la Misión Alimentación, programa social del Gobierno de Venezuela que distribuye mensualmente más de mil toneladas de alimentos en dicho municipio.
En la zona no son distribuidos únicamente alimentos por parte del Ejecutivo nacional, también son despachados productos de primera necesidad. Incluso artículos para higiene personal, la mayoría subsidiados, o con precios regulados en Venezuela para proteger el poder adquisitivo de la población.
Sin embargo, el envío garantizado de estos productos para atender las necesidades alimentarias es desviado hacia otro destino. Al cabo de unos kilómetros el vehículo surtido por gasolina anteriormente arriba a Maicao. Un aviso grande le da la bienvenida a los visitantes: "Bienvenidos a Maicao, vitrina comercial de Colombia".
Lo curioso es que en esa "vitrina" abundan, en su mayoría, productos venezolanos, los mismos que son distribuidos para abastecer a las poblaciones venezolanas en la frontera.
Jabón en polvo, cremas para la piel, pañales desechables, enjuague bucal, papel sanitario, champú, talco, máquinas de afeitar, bebidas hidratantes, mayonesa, atún enlatado, cereal, azúcar, margarina, harina de maíz, yogurt líquido, jamón endiablado, desodorante, queso fundido, sardinas, fórmula láctea especial, neumáticos para carros y hasta aceite y lubricantes, son comercializados en las calles de Maicao sin que autoridad alguna intervenga.
Todos estos productos ingresan vía contrabando a Macaio, zona donde también los más humildes, aquellos que padecen de carencias, resultan favorecidos, pues consumen harinas, pollo, huevos, aceite, leche en polvo, arroz y gasolina que ingresan desde Venezuela. Para 2009 más de 13 mil familias de Maicao vivían de la caridad pública y cerca de 75 mil vivían de los pagos bimensuales de organizaciones benéficas.
Además de alimentarse, en Maicao se lucran de esos bienes venezolanos. Las mafias que viven del contrabando captan a personas muy necesitadas para este flagelo. Es así como en un perímetro no mayor de 10 cuadras se pueden percibir al menos 50 puntos donde los llamados bachaqueros (vendedores sobre todo de productos venezolanos) canjean sus cargas por dinero en efectivo. En este mismo perímetro hay al menos 15 puntos en los que se vende combustible venezolano a cielo abierto.
En ese vaivén por la frontera, un promedio de 40% del total de rubros necesarios para la alimentación, salud e higiene de los venezolanos es desviado hacia el vecino país mediante el contrabando.
La lucha contra esta práctica ilegal es ardua, especialmente porque debe enfrentar un fenómeno en el que confluyen, principalmente, la pobreza extrema de los habitantes en la frontera y junto a esto argucias como la usura y especulación, factores que componen un problema que además es aprovechado por sectores políticos reaccionarios en su guerra económica contra Venezuela.
Freno al contrabando de extracción
Esta problemática, como asunto de Estado, fue tratada el 1 de agosto en una reunión bilateral entre los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, quienes reafirmaron el combate al contrabando que afecta la economía de ambos países.
Entre las medidas acordadas, las autoridades venezolanas activaron un operativo permanente en la frontera para frenar la extracción de rubros y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) identificó dos amplias rutas de contrabando al norte y al sur del estado Zulia, áreas extensas donde las mafias organizadas recurren a toda clase de procedimientos para la extracción de combustible y de bienes de consumo.
Por su parte, la Comisión Regional del Lucha contra el contrabando establecida en Zulia planifica soluciones de carácter estructural para atender los problemas sociales que facilitan esta práctica.
Entre el 12 de agosto y el 7 de octubre, este Plan de Choque al Contrabando incautó a escala nacional 7.833 toneladas de alimentos para el consumo humano, 2.394 toneladas de alimentos para consumo animal y 3.639 toneladas de material estratégico. Sólo en el estado Zulia se han incautado más de 6 millones de litros de combustible en ruta de extracción hacia Colombia.
Hasta la fecha, la FANB mantiene activados a más 15 mil hombres y mujeres de sus componentes en cinco áreas de defensa integral que forman parte de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) Zulia, para custodiar cerca de 610 kilómetros de frontera.
Paralelamente el Gobierno de Venezuela evalúa la aplicación de mecanismos para regularizar el comercio binacional con la instalación de expendios de combustible y de alimentos a precios internacionales en zonas fronterizas.
