martes, 4 de noviembre de 2014

Publicado el 04 de nov de 2014 8:49 am |
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Foto: Noticias24 / Archivo
(Caracas, 04 de noviembre – AVN).- El desarrollo de una campaña de comunicación, información y formación por parte del Estado venezolano en cuanto al riesgo que corren los niños y adolescentes que son trasladados en motos constituiría una herramienta vital para evitar que este medio de transporte vulnere los derechos humanos de este sector de la población, expresó el director de Promoción y Divulgación de la Defensoría del Pueblo, Carlos Molina.
Este martes, en entrevista en el programa Entre Todos, de Venezolana de Televisión, Molina se refirió a la campaña nacional que desde la Defensoría iniciaron el fin de semana pasado con el lema: Baja a los Niños y a las Niñas de las Motos, que surgió tras una investigación efectuada entre 2013 y los primeros tres meses de 2014 sobre la base de una muestra de 45 hospitales en el ámbito nacional, de un total de unos 318 que tiene la red pública de salud, y obtuvieron una cifra parcial de 4.640 niños que han resultado lesionados o han perdido la vida por ser trasladados en motos.
“Los primeros responsables en este tema somos las instituciones del Estado, que debemos hacer cumplir la norma;(…)”
Consideró que se trata de un tema de salud pública y un problema que no sólo se focaliza en los motorizados.
“Los primeros responsables en este tema somos las instituciones del Estado, que debemos hacer cumplir la norma; el sistema rector de protección de niños, niñas y adolescentes tiene que actuar; padres, madres y representantes y los motorizados”.
Señaló que la Defensoría está presentando en cada estado del país los resultados de su investigación e instalando mesas de trabajo con la participación de instituciones para diseñar un cronograma de acciones que coadyuve a enfrentar esta situación a través de actividades educativas, preventivas y de movilización.
“Sobre la Tierra no hay argumento que justifique poner en riesgo la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes, primero porque tenemos una Constitución y una ley (Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), que parte de la doctrina de la protección integral de este sector de la población y de su prioridad absoluta. De manera que tenemos el suficiente repertorio jurídico para actuar y detener esta situación”, puntualizó Molina.
Insistió en que la idea no es cuestionar el uso de las motos, a los motorizados, ni al libre tránsito, sino hacer correctivos y generar conciencia en cuanto al debido uso que debe darse a este medio de transporte.

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