GISXXI |
Posted: 18 Aug 2013 04:36 AM PDT
Los
problemas de la seguridad frente al delito no se resuelven sólo con la
policía, aunque ella debe ser una parte muy importante de la solución.
Esto se complica cuando la policía es, como en Venezuela, más generadora
de inseguridad, que de seguridad. Si no deseamos prescindir de la
policía, el camino evidente es el de su reforma para ponerla al servicio
de la población. Es lo que viene ocurriendo en el país desde 2006 (con
una interrupción en 2007), en medio de tensiones y relaciones de fuerza,
no siempre favorables a la continuidad de los cambios.
Que la policía es corrupta,
clasista, violadora de los derechos humanos, ineficaz para prevenir e
investigar delitos e ineficiente en el manejo de sus recursos, es algo
que sabemos porque el Gobierno Bolivariano, en 2006, decidió, por
primera vez en la historia del país, iniciar un proceso de
transformación profunda de la institución policial. Ese proceso arrancó
con un primer gran diagnóstico de los entonces 123 cuerpos de policía
del país; así como con la primera consulta nacional a la población
(incluyendo a la población policial) para conocer su visión del problema
y propuestas. Ese trabajo investigativo y de convocatoria a la
deliberación y participación social, que duró 9 meses, permitió el
diseño del Nuevo Modelo Policial y el inicio de una política de Reforma
Policial.
El Nuevo Modelo nacido, por Ley
en 2008, creó un Sistema Integrado de Policía, con un órgano rector y
poderes para diseñar políticas, brindar asistencia técnica, supervisar,
regular, suspender, financiar y estimular; ahí en donde había dispersión
y desgobierno (cada Alcalde o Gobernador creaba “su” policía y la
manejaba según sus criterios); creó un modelo único de formación
profesional y una Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ahí
en donde había una formación no profesional, heterogénea, asistemática
y discontinua; creó modelos de gestión civil, acordes con la función
policial, en donde había modelos militarizados ineficaces para la
seguridad ciudadana; creó una carrera policial, con rangos unificados,
en donde había arbitrariedad para la construcción de rangos y para los
ascensos; diseñó un régimen uniforme y razonable de remuneraciones y
beneficios sociales, en donde había explotación laboral; creó nuevos
controles internos y externos para hacer transparente y sometida a
contrapesos la institución policial, en donde antes había descontrol
favorable a las malas prácticas; diseñó un régimen disciplinario que
garantiza los derechos de los funcionarios, en donde había vulneración
del debido proceso. Ese modelo está plasmado en la Ley Orgánica del
Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (2008), en
la Ley del Estatuto de la Función Policial (2009) y en 34 Resoluciones
del Consejo General de Policía que establecen diferentes estándares
sobre la función policial, entre otros, en temas como el uso progresivo y
diferenciado de la fuerza, la evaluación del desempeño, la rendición de
cuentas, el reconocimiento a las buenas prácticas policiales, la
atención a las víctimas, el enfoque de género y la dotación de
equipamiento básico.
El proceso de Reforma Policial ha
facilitado un círculo virtuoso en el campo de las políticas de
seguridad frente al delito, expandiendo los temas de atención más allá
del campo policial, con una mirada de izquierda. El diseñó de la Gran
Misión “¡A Toda Vida! Venezuela”; la primera política de Estado
en materia de prevención y control penal del delito; expresa la
síntesis de las acciones anteriores y del círculo mencionado.
Todo ello viene ocurriendo en
medio de relaciones de fuerza que, a veces hacen avanzar la reforma y,
otras, la hacen retroceder. Para leer estos vaivenes hay que comprender
que los comportamientos contrarios al mandato constitucional y al programa
policial, enumerados arriba, no son desviaciones de algunos individuos
descarrilados, sino patrones recurrentes facilitados por contextos
institucionales y sociales. Más que leerlos como fracasos que marchan a
contravía del programa, hay que explorar a quién(es)
benefician, qué modelo de sociedad reproducen y cómo se articulan esos
beneficios en exitosas estrategias de poder que, sin necesariamente ser
coordinadas entre sus beneficiarios, imposibilitan una policía al
servicio de la población.
Esa policía que no queremos,
beneficia a un modelo de sociedad injusta que necesita excluir y
contener, en el barrio, a sus jóvenes varones; beneficia a la
invisibilización de las cadenas del crimen organizado, cuyas cabezas
pertenecen a las clases altas de la sociedad; beneficia a algunos
funcionarios que participan en pequeños o grandes delitos (desde el “matraqueo” o el “parceleo”
hasta el gran crimen organizado, vinculado al narcotráfico, el robo de
vehículos, el secuestro o la comercialización de armas y municiones);
beneficia a algunos gobernadores y alcaldes que se consideran
emperadores con guardias pretorianas y que prescindiendo de
transformaciones profundas de los factores que generan la inseguridad,
se contentan con mostrar, efectistamente, operativos policiales (y
militares) en las calles. El Comandante Chávez fue un freno a esos
“beneficios” y beneficiarios. Se casó con la Reforma Policial y acompañó
su crecimiento. Su fuerza permitió enfrentar a las fuerzas adversas y
hacer avanzar el proceso. Pero falta aún mucho trabajo por implementar,
evaluar y modificar.
El futuro de la reforma se define
a partir de las posiciones de fuerza que, por una parte logren
consolidar los sectores sociales y políticos que impulsan un modelo
democrático, de izquierda, en el campo de la seguridad ciudadana y, por
otra, los beneficiarios del mantenimiento del viejo modelo. Hoy, la
Reforma está viviendo un nuevo revés, que debilita a algunos de los
actores que la impulsan. El equipo que viene liderándola desde 2006 y
que tenía en el Consejo General de Policía la instancia pivote para
impulsarla, fue removido de sus cargos. Sin duda, los procesos no deben
depender de figuras únicas (lo hemos aprendido bien, y con dolor, en el
chavismo), pero sabemos que personas y colectivos clave, pueden marcar
la diferencia en una contienda determinada. Se trata, sin embargo, de un
momento en un proceso muy largo, que no define la continuidad de la
transformación. Los cambios se impulsan desde adentro y desde afuera del
Estado. De aquellos que asumen la nueva responsabilidad, cabe esperar
que se conviertan en protagonistas de la Reforma, sumen sus talentos a
esta importante misión y concreten logros de gestión. De los equipos
salientes, esperamos fortalecimiento de las alianzas y articulaciones
sociales y estatales y que acompañen la continuidad de los cambios.
Antonio J. González Plessmann
Director de la Línea de Investigación en Convivencia y Seguridad Ciudadana de GIS XXI
@GISXXI
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