GISXXI |
Por Alfredo Serrano Mancilla *
El presidente venezolano,
Nicolás Maduro, solicitó finalmente la ley habilitante que le permite
durante un año gozar de cierto poder legislativo para luchar contra un
hecho puntual: la corrupción. Sería un enorme error analizar esta
iniciativa, avalada por el artículo 203 de la Constitución de 1999,
exclusivamente en clave jurídica. Este hecho político, desde el
simbolismo y el pragmatismo, ha de ser interpretado como una respuesta a
lo que se ha venido llamando la guerra económica contra el pueblo
venezolano por parte de buena parte del sector empresarial privado
(interno y externo) en los últimos tiempos. Esta solicitud fue precedida
por un discurso sin parangón en la etapa Maduro, sin espacio para la
broma ni el chiste. Maduro, en tono muy estadista, hilvanó un relato
compacto, sin fuegos artificiales, tratando de explicar en profundidad
la necesidad y urgencia de esta medida excepcional. La corrupción era
presentada como un fenómeno complejo, de múltiples dimensiones, con
raíces estructurales que tienen perversos efectos coyunturales. En
ningún momento el presidente escatimó críticas hacia dentro, mostrando
así que no es una ley de corte partidario, sino que se presenta como
propuesta de Estado. Pero no sólo se quedó en la crítica hacia sus
propias filas, sino que dio un paso al frente con la intención de
construir sólidamente –hacia futuro– más socialismo bolivariano en base a
más democratización económica.
En un momento del discurso,
salió un dato que no debe pasar inadvertido: el 70 por ciento del PIB
venezolano aún está en manos de los grandes poderes económicos. Pocas
veces se escucha una sentencia tan firme respecto al desigual régimen de
acumulación a pesar de los intentos del gobierno por cambiarlo. De esta
forma, se hacía toda una declaración de intenciones: la década ganada
por el chavismo aún no es suficiente. La apropiación de ciertos sectores
estratégicos y la política altamente redistributiva de la renta
petrolera es sólo un primer punto de partida –más que necesario– para
seguir avanzando en un proceso revolucionario que permita una
reproducción ampliada del socialismo. Mientras que exista un poder
privado ultraconcentrado en muy pocas manos, y éste sea aún un
importante pivote económico del patrón de desarrollo bolivariano,
estarán las condiciones objetivas dadas para desestabilizar a partir de
una estrategia multinivel desabastecimiento-inflación-dólar-medios de
comunicación.
Samir Amin siempre puso su
ojo en la burguesía compradora como centro de preocupación por
considerarla como un déficit estructural si lo que se perseguía era una
economía independiente, justa y soberana. Esta burguesía en Venezuela es
la importadora, aquella que no produce, solamente dedicada a la
compra-venta, importando afuera y vendiendo adentro. Este es el centro
de gravitación de tantos problemas de la economía venezolana.
Cierto es que hay que ser
más eficiente desde la propia administración pública; que ha de
construirse una fuerte institucionalidad del Estado capaz de coordinar
virtuosamente el triángulo de las Bermudas de la economía venezolana:
fronteras-tributos-divisas; que se debe fomentar más cultura socialista
donde no quepa la corrupción; que aún resta más política de control de
precio por parte del Estado y del poder popular.
Pero además de todas las
deudas a saldar, el otro problema es que la burguesía compradora acapara
la mayor parte de las divisas, apenas produce, no genera valor
agregado, casi no exporta, importa con dólar oficial del 6,3 y vende
hacia adentro como si hubiese comprado con dólar paralelo (a 50), e
incluso acapara sin vender. La inflación puede ser explicada por muchas
razones, pero indudablemente también está relacionada con este
comportamiento. El chavismo consiguió un crecimiento de consumo, cada
vez más democrático, que genera una demanda interna no satisfecha por
esa burguesía compradora, y tampoco por la capacidad productiva pública.
Este punto es sin duda la madre de muchas batallas especulativas y
acaparadoras. Si esta ley habilitante justamente permite erradicar estas
prácticas al mismo tiempo que comienza a instalar la necesidad de
seguir con el legado de Chávez de una gran transformación productiva, de
más productos que satisfagan la demanda interna, y con más y nuevos
productores, la economía dejará de estar paulatinamente en pocas manos.
Sólo así, la paz económica será sostenible por muchos intentos de guerra
económica que ellos procuren.
* Doctor en Economía.
No hay comentarios:
Publicar un comentario